Un refrán popular dice: “Nunca vea cómo se fabrican las salchichas”. Siguiendo esa recomendación, las autoridades en Alemania no querían ver qué es lo que contiene una salchicha, sino qué hay detrás de su costo.
A raíz de una investigación, los fabricantes de uno de los alimentos más famosos del país enfrentan masivas multas por crear un cartel que lleva arreglando los precios desde 2003.
La Oficina Federal de Control de Carteles, el organismo antimonopolio de Alemania, impuso sanciones de US$460 millones a un grupo de empresas productoras de salchichas y a 33 individuos responsables.
Algunas de las empresas más famosas están involucradas, incluyendo Meica, Boeklunder, Wiesenhof y Herta, una subsidiaria de Nestlé.
Un informante anónimo alertó a las autoridades sobre la práctica ilegal.
Producto de consumo básico
En los mostradores de las tiendas y salsamentarías se pueden encontrar desde cientos de salamis, mortadelas y patés hasta una infinidad de variedades regionales como la salchicha blanca de Baviera.
Algunas fuentes estiman que hay 1.500 tipos diferentes de salchichas y embutidos, y el consumo anual promedio de este producto es de 30 kilos por persona.
Según el jefe de la Oficina Federal de Control de Carteles, Andreas Mundt, los productores llevaban arreglando los precios desde hacía muchos años.
“El precio total de las multas parece alto a primera vista, pero debe ser interpretado en el marco del gran número de empresas que participaron, el tiempo que estuvo operando el cartel y los miles de millones en ingresos que proyectaban percibir en el mercado”, explicó Mundt.
Precios acordados colectivamente
Sin embargo, a partir de 2003, las discusiones evolucionaron en “acuerdos concretos y aumento colectivo de precios”.
Según la Asociación de la Industria de Carnes de Alemania, la producción de salchichas y embutidos se redujo el año pasado, pero sus ingresos aumentaron con ventas en el sector de casi US$9.500 millones.
En 2012, únicamente, el precio de las salchichas subió 5,2%, según la misma fuente.
Once de las compañías involucradas, varias de ellas en manos privadas, reconocieron el error y han cooperado con las autoridades.
Las otras tienen dos semanas para apelar las multas.
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