A partir de ahora, todo el estado de Yucatán será una zona libre de cultivos transgénicos y productos contaminados por organismos genéticamente modificados, con el fin de “preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras”.
El decreto 419/2016, publicado en el Diario Oficial estatal el 26 de octubre de este año, estipula que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Rural serán las dependencias encargadas de promover los cultivos orgánicos en el estado.
Además, tendrán que fomentar la inclusión de los productores agrícolas en los cultivos orgánicos, promover la entrega de semillas libres de organismos genéticamente modificados (GMOs, por sus siglas en inglés), capacitar a los productores sobre el cuidado de cultivos y supervisarlos para que funcionen correctamente e implementar esquemas de acción para la comercialización de los productos orgánicos.
Desde 2005 se introdujeron los organismos genéticamente modificados a Yucatán en su fase experimental y piloto, “sin anuncio de su uso y de las medidas de prevención de los riesgos posibles para la biodiversidad y las actividades productivas de las comunidades rurales y costeras”, dice el decreto.
Uno de los riesgos de los transgénicos, se lee en este documento, es que sus efectos en la flora y fauna “son diversos y desconocidos”, pero que en “muchas ocasiones resultan negativos y ponen en riesgo la biodiversidad afectando las fuentes de polen y néctar de la flora silvestre y cultivada”.
Esto es especialmente importante para Yucatán por una razón: la miel.
Esta entidad es la mayor productora de miel en nuestro país, el 14.9% del total u 8 mil 302 toneladas al año. Además, exporta más del 90% de su producción a Europa, principalmente a Alemania.
Pero hay un problema. Para poder exportarla a Europa, la miel debe ser totalmente libre de organismos genéticamente modificados. En 2012, un laboratorio alemán detectó polen genéticamente modificado en la miel proveniente de Yucatán.
Según la Secretaría de Desarrollo Rural, la producción de miel en el estado genera unos 400 millones de pesos anuales. Así, la presencia de organismos que puedan contaminar su producción se considera “un riesgo para la economía estatal”.
El documento explica que en los últimos años la demanda de aceites y grasas vegetales aumentó, por lo que se intensificó su producción. Sin embargo, el combate y el control de las plagas en estos cultivos requirieron el uso de plaguicidas y herbicidas tóxicos, lo que generó daños a la biodiversidad y a la calidad del agua y el suelo del estado.
Por ello, la compañía Monsanto propuso enfrentar la alta demanda de oleaginosas con el cultivo de organismos genéticamente modificados, particularmente la soya transgénica, que es resistente al herbicida glifosato, uno de los más utilizados.
En 2011, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) emitieron dictámenes sobre los posibles daños que la siembra de transgénicos podría provocar en flora, fauna y agua.
Pese a lo anterior, Monsanto recibió permisos oficiales de Semarnat y Sagarpa para iniciar oficialmente la siembra y cosecha de la soya transgénica.
Desde 2012, comunidades mayas de Campeche y Yucatán protestaron y emprendieron acción legal contra la compañía.